El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía supera las 600 resoluciones un 11% más que el año anterior

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictado en 2019 un total de 627 resoluciones (372 de derecho de acceso y 255 de publicidad activa), un 11% más que el año anterior. Así lo ha puesto de manifiesto en Parlamento el director del órgano, Manuel Medina, durante su comparecencia en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, donde ha presentado el Informe Anual de Actuación, y cuyas primeras palabras han estado dirigidas a definir 2019 como “un año de capital importancia” para el desarrollo del Consejo, pues el 1 de octubre se asumió “el desarrollo pleno y efectivo” de las competencias en materia de protección de datos, diferidas desde 2015.

“El Consejo se ha convertido así en la primera entidad de España que aúna en un mismo órgano las competencias de transparencia y protección de datos, siguiendo el modelo de países tales como Reino Unido, Canadá o Alemania”, ha subrayado el director de la autoridad de control.

A partir de ese momento, el Consejo empezó a velar por el cumplimiento de la legislación relativa a este derecho fundamental (Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) y a controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. Su ámbito de actuación, el sector público andaluz, comprende desde las instituciones autonómicas de Andalucía (Parlamento, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social, Consejo Audiovisual), la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración Local en Andalucía y otras entidades dependientes, así como las universidades del sistema público andaluz. Asimismo, también controla a todas aquellas entidades que prestan servicios públicos, así como personas físicas o jurídicas que ejerciten funciones públicas en materias que son competencias de la administración autonómica o local.

Por otro lado, Medina, que culmina el próximo mes de enero su mandato de cinco años no renovables al frente de la institución, ha analizado la evolución del órgano y de la cultura de la transparencia en Andalucía. Según sus palabras, “la institución está cada vez más consolidada en la ciudadanía, muestra de ello es el incremento notable y constante en los asuntos atendidos”.

Tras estas primeras valoraciones, el director ha desgranado los números del Consejo. Con respecto a los asuntos registrados, han ascendido a un total de 752, divididos en reclamaciones de derecho de acceso a la información (581), denuncias de publicidad activa (52), consultas de información (33) y cuestiones en materia de protección de datos (86).

Derecho de Acceso a la Información Pública

Por capítulos, en Derecho de Acceso a la Información Pública se han registrado 581 asuntos, siendo los organismos más reclamados las entidades locales y la Junta de Andalucía, con un 61% y 35%, respectivamente.

Si se analizan las entidades locales más demandadas fueron las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga las que se repartieron el 70% de las reclamaciones, seguidas por Granada y Almería.

Atendiendo a las reclamaciones presentadas contra la Junta de Andalucía, las consejerías de Educación y Deporte; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y Presidencia, Administración Pública e Interior concentraron el 60% de ellas. Le siguieron Salud y Familias; Hacienda, Industria y Energía, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

De otro lado, el 76% de las personas reclamantes fueron personas físicas y dentro de éstas, un 78%, hombres, y un 22%, mujeres. El 24% de las personas jurídicas quedó desglosado entre asociaciones, grupos municipales, empresas, organizaciones políticas y sindicales.

Las resoluciones emitidas (372) pertenecieron en un 60% a las entidades locales y en un 35% a la Junta de Andalucía. En cuanto al sentido de las mismas, el 19% fueron estimadas; el 14%, estimadas parcialmente; el 16, inadmitidas; el 26%, declaración de terminación de procedimiento; el 19%, desestimientos, y el 1%, retroacciones. Con estos datos se puede afirmar que la actuación del Consejo permitió al 60% de las reclamaciones presentadas conseguir la información solicitada, de modo que el derecho ciudadano a saber se vio satisfecho.

Publicidad activa

Las denuncias de publicidad activa se dirigieron en un 83% a las entidades locales, frente al 13% que tuvieron como destinatario a la Junta de Andalucía. El perfil de la personas que presentaron las denuncias fue muy equitativo: el 52% fueron personas físicas y el 48%, personas jurídicas.

Al igual que en derecho de acceso, la división entre hombres y mujeres fue muy dispar, un 78% de los reclamantes fueron hombres y sólo un 22% eran mujeres. Detallando las personas jurídicas, el 76% fueron asociaciones. Las entidades locales más denunciadas procedieron de Sevilla, Cádiz y Almería, seguidas de Granada y Málaga.

En el ejercicio 2019, se emitieron un total de 255 resoluciones de publicidad activa, de ellas el 91% tuvo como órgano reclamado las entidades locales y sólo el 8%, la Junta de Andalucía. El 54% de los dictámenes requirieron al organismo denunciado la subsanación de la información incompleta y el 46% restante se archivó.

Protección de Datos

La actividad del Área de Protección de Datos arrancó en octubre del pasado año y a partir de ese momento tuvieron entrada un total de 86 asuntos, procedentes tanto de reclamaciones presentadas directamente en el Consejo como trasladadas desde la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad competente hasta la fecha. Del total de los asuntos, 30 fueron reclamaciones por vulneración de la normativa; 27, comunicaciones de Delegado de Protección de Datos; 5, notificaciones de violaciones de seguridad, y 24, consultas.

Para abordar las nuevas funciones, el Consejo puso en marcha, entre otros, el registro de Delegados de Protección de Datos (DPD) facilitando a organismos y entidades un formulario para su comunicación, un sistema telemático para su inscripción, una cuenta de correos específica para consultas e información relevante sobre este trámite. Además, y para las notificaciones relativas a violaciones de seguridad, el órgano de control también han implementado los formularios correspondientes.

El informe también recoge un balance completo del Plan de Actuación 2019-2020. Más del 80% de las tareas propuestas ya se han realizado o se están llevando a cabo, por lo que de las 63 tareas a acometer, un total de 51 culminarán en el plazo fijado. Las 12 restantes se han visto pospuestas, condicionadas, entre otros motivos, por la asunción de competencias de protección de datos.

En materia jurisdiccional, a lo largo de 2019 se han presentado 16 nuevos recursos contencioso-administrativos contra el Consejo. Respecto de los recursos que ya existían, se han dictado resoluciones judiciales en siete asuntos y en seis de ellos se ha respaldado la doctrina de la autoridad de control.