Cádiz participará en el proyecto europeo COSPRO para compartir competencias en compras socialmente responsables con seis socios europeos

El Ayuntamiento de Cádiz va a participar en el proyecto europeo Cospro, gestionado por la Agencia Europea para la Pequeña y Mediana Empresas (EASME), y por el que la ciudad intercambiará y compartirá experiencias de contratación pública responsable con otras seis ciudades de la Unión Europea (UE).

La iniciativa busca que siete ciudades de siete países de la UE Cádiz compartirá experiencia con Bérgamo (Italia), Odense (Dinamarca), Östersund (Suecia), Gabrovo (Bulgaria), La Cámara Municipal de Torres Vedras (Portugal) y La Red Europea de Ciudades y Regiones de Economía Social (Bélgica) compartan competencias en compras socialmente responsables, es decir, sobre aquellas compras que integren aspectos de sostenibilidad ambiental, sociales y éticos. El socio líder es la ciudad de Bérgamo, y se trata de constituir una comunidad abierta, una red de prácticas en este campo para que cada uno de los socios pueda beneficiarse de la experiencia de los otros participantes en el proyecto.

El presupuesto total del proyecto es de 108.035 euros de los que la Unión Europea aporta 99.292 euros. De esa cantidad, 14.479 euros corresponden al Instituto de Fomento Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz, mientras que el Consistorio gaditano aporta 1.150 euros. La fecha de inicio del proyecto será el 1 de marzo de 2021 y la idea principal es que el Consistorio gaditano avance en prácticas en el campo de la economía social apoyándose en ejemplos de otras ciudades que gestionan bajo el mismo paraguas de la UE.

La duración del proyecto es de 12 meses y se centra en las ciudades pequeñas y medianas dadas las dificultades con las que suelen toparse al tratar con procedimientos innovadores frente a las repercusiones pertinentes que pueden tener en el contexto socioeconómico local.

Se busca que, desde la contratación pública, los ayuntamientos participantes mejoren la capacidad para comprender y utilizar diferentes enfoques que persiguen la sostenibilidad social a diferentes niveles, dentro de los procedimientos de adquisición. A su vez, esto impulsará a los interesados (principalmente los proveedores) a mejorar sus normas socialmente responsables bajo diferentes perfiles al mismo tiempo, por ejemplo, en lo que respecta a la atención a la búsqueda del interés general, la atención a las cláusulas socioambientales, la atención a las cláusulas de calidad del empleo, y otros.

El proyecto contempla la organización de tres misiones de economía social en Bérgamo –contratación de servicios sociales- , en Torres Vedras –centrada en cláusulas sociales y ambientales- y en Odense –centrada en cláusulas de empleo-. Tras todas ellas se redactará un documento en el que se identificarán las áreas de transferencia de conocimientos, se definirá un proceso de colaboración para lograr nuevas mejoras en la aplicación de una política eficaz de adquisición social; y se identificarán posibles cargas o cuellos de botella en los marcos reglamentarios de la contratación pública y su aplicación, con el horizonte de elaborar recomendaciones a la Comisión Europea y a los estados miembros.

El intercambio entre los territorios de los socios se verá enriquecido por la contribución de la Red Europea de Ciudades y Regiones de Economía Social, activa en el tema desde hace más de 20 años, aumentando su competencia en materia de formación, asesoramiento y apoyo a la aplicación territorial de las directivas de contratación pública (y su transposición nacional).  Basándose en esta experiencia, esta red organizará tres webinars conectados a talleres temáticos con el objetivo de proponer vías para una acción efectiva y de elaborar recomendaciones para mejorar la dimensión política y práctica de las políticas de compras públicas socialmente responsables a nivel de la ciudad.

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Paradas, incide en que se trata de un proyecto que requiere una inversión no muy alta, pero que tiene “mucha profundidad”, toda vez que busca “el progreso efectivo de las condiciones sociales desde las compras que realicen las administraciones públicas, que son uno de los grandes motores de contratación del sistema y que, desde su responsabilidad en materia de contratación, pueden ir contribuyendo a mejorar su entorno”.